Las ciénagas que bordean el cuarto puerto de contenedores más activo de la nación eran consideradas una barrera tan segura que las autoridades del Puerto de Savannah no se preocuparon en levantar una cerca completa en torno de la terminal principal.
Ahora la seguridad es tan estricta que unas 4.000 veces por día, los contenedores de acero de los barcos son cargados en tractores-remolque que, antes de lanzarse a los caminos, pasan por enormes detectores de radiación diseñados para descubrir bombas nucleares.
En los diez años que van desde los ataques del 11 de septiembre del 2001, el gobierno federal ha gastado 2.500 millones de dólares en una reestructuración de sus medidas de seguridad desde Seattle hasta Nueva Orleáns, pasando por Eastport, Maine, para financiar barreras de protección, sensores de movimiento y entrenamiento del personal de seguridad. Las agencias federales que tienen injerencia en la seguridad de los aeropuertos, como la Guardia Costera y Protección de Aduanas y Fronteras, han agregado sumas cuantiosas como 420 millones de dólares para un sistema uniforme de tarjetas de identificación para 1.600.000 camioneros, estibadores y otros trabajadores portuarios en la nación.
El gran desafío ha consistido en vigilar estrechamente la carga importada sin imponer una costosa demora al comercio exterior. También implica un enorme costo para los 185 puertos públicos, que suele recaer en los transportistas navales en forma de gravámenes y tarifas. El puerto de Savannah, por ejemplo, cobra una tarifa de seguridad dd 5,75 dólares por cada contenedor de carga que maneja.
"Claramente es lamentable y representa una carga financiera al comercio internacional", se lamentó Curtis Foltz, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Georgia, que puede ver las filas de camiones pasando su carga por escáners de radiación desde las ventanas de su oficina. "Pero hoy no hay alternativa".
Los puertos estadounidenses temen que el Congreso imponga fuertes reducciones a la financiación de la seguridad portuaria en el presupuesto fiscal del 2012. Un comité de asignaciones que recientemente fue aprobado por la Cámara Baja incluyó 1.000 millones de dólares en cortes al Departamento de Seguridad Interna.
Fuente: Fundación Nuestro Mar
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