Las resoluciones de la Aduana sobre el sistema de control de peso de cargas, adoptadas a mitad de octubre pasado, están provocando serios inconvenientes en las cadenas productivas y consiguientes aumentos de costos, en particular de las exportaciones de granos y subproductos, aun a pesar de que se transita la temporada baja. Por eso, es imperioso solicitar un urgente retorno al sistema anterior que garantiza los controles requeridos por las regulaciones gubernamentales.
Con el inicio de la aplicación de las mencionadas resoluciones, a partir de la segunda quincena del mes pasado, ingresaron en el sistema portuario 143 unidades para cargar granos y subproductos, los que tuvieron demoras de 17 horas promedio. Esa situación representó el doble de tiempo de una carga normal para dos millones de toneladas.
A juzgar por opiniones autorizadas, el sistema de balanzas para el pesaje posee equipos electrónicos de alta calificación internacional, lo que torna innecesarios y perjudiciales los cambios introducidos.
En los puertos argentinos se ha vuelto a producir una alta conflictividad laboral que alcanza los 50 días en el año; esto pone al país ante el riesgo de ser calificado como de tener "puertos sucios".
Semejante panorama debe obligar no sólo a erradicar esas malsanas prácticas laborales, que se sufrieron con frecuencia en el pasado, sino también a evitar cualquier otra, como la ya mencionada, que al parecer ha sido realizada con el propósito de cobrar una deuda, cuya discusión se encuentra en el ámbito judicial.
Las demoras registradas durante la segunda quincena de octubre en la logística de los puertos, provocaron un retardo de hasta 1.300 horas en el llenado de buques y el estancamiento de casi dos millones de toneladas de granos que tenían por destino la exportación.
Según admitieron fuentes del sector exportador, durante los últimos quince días de octubre, sobre un total de 143 buques cerealeros, un 54 por ciento de los mismos padeció retrasos en el llenado de sus bodegas por cuestiones aduaneras y gremiales.
Esto redundó en la acumulación de hasta 1.324,4 horas de atrasos, hecho que provocó mayores costos que debieron ser afrontados por empresas exportadoras y agroindustriales, por la necesidad de mantener retenidos los camiones en los ingresos a las terminales portuarias.
Al respecto, la instrumentación desde el pasado 12 de octubre de nuevos y más severos controles por parte de las autoridades aduaneras provocó la queja del sector exportador debido a las demoras que generaron las inspecciones, situación que repercutió sensiblemente sobre los esquemas de costos de la exportación.
Desde el sector privado, se indicó que de mantenerse dicha regulación durante las épocas de cosecha de granos se afectaría la operatoria portuaria y, por ende, redundará en un incremento significativo de los costos.
Las empresas privadas reconocieron que las demoras, entre otros motivos, se atribuyen a la necesidad de verificar la carga de los buques a través del sistema "Draft Survey", un régimen que se emplea exclusivamente en aquellos puertos que no cuentan con balanzas electrónicas o para minerales, y el control de estupefacientes.
Esto redundó en una disminución de la actividad de toda la cadena de comercialización de granos debido a que la imposibilidad de recepcionar nueva mercadería en los depósitos obligó a su retención en los camiones o bien cumplir con la cancelación de los pedidos.
Fuentes: La Nueva y La Nación, Argentina
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