En los diez años transcurrridos desde los ataques del 11 de septiembre del 2001, el gobierno de EE.UU. ha gastado 2.500 millones de dólares en una reestructuración de sus medidas de seguridad. Desde Seattle hasta Nueva Orleáns, pasando por Eastport, Maine, para financiar barreras de protección, sensores de movimiento y entrenamiento del personal de seguridad.
Las agencias federales que tienen injerencia en la seguridad de los aeropuertos, como la Guardia Costera y Protección de Aduanas y Fronteras, han agregado sumas cuantiosas como 420 millones de dólares para un sistema uniforme de tarjetas de identificación para 1.600.000 camioneros, estibadores y otros trabajadores portuarios.
El gran desafío ha consistido en vigilar estrechamente la carga importada sin imponer una costosa demora al comercio exterior. También implica un enorme costo para los 185 puertos públicos, que suele recaer en los transportistas navales en forma de gravámenes y tarifas. “Es lamentable y representa una carga financiera al comercio internacional”, se lamentó Curtis Foltz, director de la Autoridad Portuaria de Georgia. “Pero hoy no hay alternativa”.
Antes del 11 de septiembre, las autoridades portuarias solían establecer sus propias reglas de seguridad y los terroristas no estaban realmente en su mira. Ya no es así. Las cercas que había fueron reemplazadas y se levantaron otras donde no habían y se les agregaron sensores de movimiento. Cámaras de seguridad y agentes patrulleros custodian los puertos las 24 horas del día.
La Guardia Costera revisa por anticipado las listas de tripulantes de los barcos que llegan comparándolas con listas de sospechosos. Agentes de Protección de Aduanas y Fronteras revisan los manifiestos de carga entregados por lo menos un día antes de la llegada.
Fuente: Fundación Nuestro Mar
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